Arriba: Arroyo Frío en la actualidad
Los fundamentalistas del ladrillo están contentos en nuestros Parques Naturales. El
decreto 15/2011, aprobado el pasado 1 de febrero por la Junta de Andalucía, da más cancha a los ayuntamientos de los Parques a la hora de decidir cuánto y cómo se construye en suelo no urbanizable, al dar prioridad a los planes urbanísticos municipales sobre los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en su Disposición transitoria segunda.
La Consejería de Medio Ambiente arguye que de esta forma se acerca la gestión urbanística a la ciudadanía, mientras numerosos ayuntamientos, que llevaban largo tiempo revolviéndose contra ciertas limitaciones, apuestan por la construcción como fuente de empleo y riqueza.
Es decir, que la Junta de Andalucía y gran parte del poder municipal siguen colocando la construcción en el lado de las soluciones a la crisis, y no en el de sus causas. Aplican su dogmatismo constructor incluso en los espacios protegidos, mientras repiten de carrerilla los mantras del desarrollo sostenible y el cambio del modelo productivo. Por supuesto, Ecologistas en Acción está emprendiendo las acciones legales necesarias contra este decreto, ya que entendemos que choca frontalmente con la Ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas hay fundados motivos para temer las consecuencias de la manga ancha que propicia el decreto. Hagamos memoria y recordemos tres casos que ilustran la manera en que algunos alcaldes entienden el urbanismo.
El exalcalde, Jesús Martínez Sánchez (PP) está pendiente de juicio acusado de un delito contra la ordenación del territorio en el parque natural y un delito de prevaricación urbanística. Le piden tres años y medio de prisión e inhabilitación para ocupar cargo público durante diez años y medio.
El alcalde, Manuel Vallejo (PSOE), fue condenado en noviembre de 2010 a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos, después de ser acusado por la Fiscalía de no cumplir con su deber de denunciar más de cien obras ilegales.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto hace pocas semanas diligencias por asuntos urbanísticos, por lo que agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil han buscado chalés y construcciones fuera de la legalidad y han visitado el Ayuntamiento (PSOE) para pedir documentación. Como es de dominio público, la permisividad que ha propiciado el surgimiento de una gran cantidad de hoteles y apartamentos en Arroyo Frío es la más importante lacra que mancha la buena imagen del Parque.
Con estos antecedentes, las palabras de la Consejería de Medio Ambiente, presentándose como garante de que la protección no se va a rebajar, suenan a música celestial, máxime cuando es la propia Consejería la que otorga mayor discrecionalidad a los ayuntamientos a sabiendas de que muchos de ellos son, por decirlo finamente, especialmente vulnerables a las presiones urbanísticas.
En este asunto, el comportamiento de la Consejería de Medio Ambiente ha sido de auténtica ni-ni: ni protege, ni desarrolla. No protege, porque no resiste las presiones de otras consejerías y del poder municipal. No desarrolla, porque no tiene fuerza ni visión para imprimir la impronta de la sostenibilidad y del famoso cambio del modelo productivo, ni siquiera en los Parques Naturales.
Fuimos muchos los que, en su momento, sentimos como propio el orgullo de una Comunidad Autónoma que fue pionera por sus avanzadas políticas en materia de Espacios Protegidos. Hoy, seguimos convencidos de que Andalucía se merece profundizar en dichas políticas, en vez de ceder terreno al clientelismo y a la falta de previsión a largo plazo.
Entradas
